Córdoba (Argentina), lunes 25 de enero de 2010 . La Fundación para la defensa del ambiente (FUNAM), una ONG con status consultivo en Naciones Unidas, denunció por discriminación al gobernador de Neuquén, Jorge Sapag, a altos jefes policiales de esa provincia y al estadounidense William Henry Fisher. La denuncia fue presentada por el Dr. Raúl Montenegro ante el INADI, Instituto Nacional contra la Discriminación , el Racismo y la Xenofobia.

En el cerro Belvedere, en Neuquén, fuerzas policiales siguen reprimiendo violentamente a la comunidad Mapuche Paichil Antriao para favorecer negocios inmobiliarios. El gobierno de Jorge Sapag, altos funcionarios policiales y el propio Juez de Villa La Angostura , Jorge Videla, violan abiertamente la Ley nacional n° 26160 de comunidades indígenas, la Convención 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la Constitución Nacional.

El Dr. Raúl Montenegro, que es presidente de FUNAM y premio Nóbel Alternativo 2004, sostuvo que la familia Paichil Antriao –principal afectada por la violencia policial del gobierno de Jorge Sapag- recibió 625 hectáreas del gobierno nacional en el siglo XX y que sucesivas ocupaciones ilegales redujeron esa superficie a 222 hectáreas ". "Lo grave –agregó Montenegro- es que violando leyes argentinas y una convención internacional hasta un Juez de Villa La Angostura convalidó el arrebato de tierras para que las ocupe el ciudadano estadounidense William Henry Fisher".

FUNAM denunció ante el INADI que funcionarios del gobierno de Neuquén, un juez de Villa La Angostura y el ciudadano estadounidense William Henry Fisher actuaron violentamente contra personas indefensas que defendían su territorio y su lugar sagrado y discriminaron a la comunidad mapuche por su pertenencia étnica y creencias religiosas.

"Hay que decirlo claramente, el señor Jorge Sapag, los altos jefes policiales de Neuquén y el Juez de Villa La Angostura están violando derechos humanos, y reiniciando la abominable campaña del desierto en el cerro Belvedere. Estos señores deben entender que las leyes están para ser cumplidas, y que los derechos de nuestros hermanos indígenas valen más que cualquier negocio inmobiliario".

FUNAM recordó que el Juez de Villa La Angostura , Jorge Videla, ordenó el desalojo de los legítimos dueños de la porción del cerro Belvedere, cuyas viviendas y bienes fueron salvajemente arrasados por fuerzas policiales. A mediados de enero de este año el ciudadano estadounidense William Henry Fisher, ya instalado en las tierras Mapuche, comenzó a remover tierra y construir caminos que destruyeron el "rewe", lugar sagrado donde los Mapuche hacen sus ceremonias. La familia Paichil Antriao volvió a presentarse ante el juez, pero en lugar de escuchar sus reclamos fueron violentamente desalojados del lugar por efectivos de la policía local y Grupos Especiales.

El Dr. Raúl Montenegro consideró que el Juez Jorge Videla debe ser denunciado ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados de Neuquén "porque un juez no puede ignorar la vigencia de la Ley Nacional n° 26160, ni el Convenio de Derechos Indígenas de la OIT ".

FUNAM denunció ante el INADI, por discriminación, a Jorge Augusto Sapag , Gobernador de la provincia de Neuquén; a Jorge Omar Albedo Tobares , Ministro de Gobierno, Trabajo, Justicia y Derechos Humanos; a Guillermo R. Pellini , Secretario de Estado de Seguridad; a Juan Carlos Lepen , Jefe de Policía de la provincia de Neuquén; a Raúl Laserna de la Superintendencia de Seguridad; a Andrés Ledesma y Marcelo G. Zuñiga , responsables de Comisaría 28° de Villa La Angostura ; al efectivos de la Policía de Neuquén; a Jorge Videla del Juzgado Multifueros de Villa La Angostura y a William Henry Fisher , ciudadano estadounidense.

El Dr. Raúl Montenegro, que integra el Consejo Asesor de la delegación del INADI en Córdoba, calificó la situación que se vive en Neuquén como "gravísima". Agregó que el gobierno de Sapag "ha reiniciado el genocidio silencioso de los pueblos originarios" y que la "torpeza inhumana del gobierno neuquino y de sus fuerzas policiales está horrorizando a la comunidad internacional". Montenegro indicó que el emplazamiento realizado al gobierno de Argentina por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) el 12 de enero "es apenas el comienzo de un escándalo internacional". La CIDH tomó en sus manos la denuncia efectuada por Juan Manuel Salgado, abogado patrocinante de la familia Paichil Antriao, y le dio 10 días al gobierno de Cristina de Kirchner para responder.

FUNAM anticipó la posibilidad de denunciar penalmente al gobernador Jorge Sapag y a otros altos funcionarios de la provincia, incluido un magistrado de Villa La Angostura.

El Dr. Raúl Montenegro le recordó al gobierno nacional que los derechos humanos "también valen para las comunidades indígenas" y que por lo tanto "debe proteger a la comunidad Paichil Antriao e impulsar una exhaustiva investigación judicial". Agregó que se debe investigar "al gobernador Jorge Sapag, a sus funcionarios de seguridad, a sus altos jefes policiales y al juez de Villa La Angostura. Ha habido violación de leyes vigentes, represión de personas indefensas y una sospechosa cesión de tierras en el cerro Belvedere para beneficio de la Mutual Policial de la provincia de Neuquén".

(*) La "Campaña del Desierto" es un conjunto de acciones militares ordenadas por el gobierno de Argentina entre 1879 y 1885 para tomar por la fuerza los territorios donde vivían los pueblos Mapuche y Ranquel. La campaña de Roca (1879) incluyó cinco divisiones militares al mando de Julio Argentino Roca, Conrado Villegas, Eduardo Racedo, Napoleón Uriburu e Hilario Lagos. La campaña de Villegas en Neuquén y Río Negro incluyó tres brigadas a cargo de Rufino Ortega, Lorenzo Vinttner y Liborio Bernal (1881). La campaña de los Andes de Villegas (1882) incluyó tres brigadas y la campaña final (1884-1885) un contingente de soldados al mando de Lino Oris de Roa. El informe oficial de la Comisión Científica que acompañaba al Ejército Argentino (1879) dice: "Se trataba de conquistar un área de 15.000 leguas cuadradas ocupadas cuando menos por unas 15.000 almas, pues pasa de 14.000 el número de muertos y prisioneros que ha reportado la campaña". Ese mismo informe, tras justificar las matanzas "para transformar estos campos en valiosos elementos de riqueza y de progreso", califica despectivamente a los grupos indígenas que los poblaban ancestralmente. Se refiere a ellos como "la raza estéril que las ocupaba". Adultos, jóvenes y niños, hombres y mujeres, fueron masacrados de todas las formas imaginables. Hubo campos de detenciones con alambre de púas de 3 metros de altura donde los prisioneros morían de hambre, traslados forzosos a pié, tortura, violaciones, cacería de seres humanos, asesinatos, separación de familias, cambio de nombres para que no se pudiera construir la historia familiar y sobre todo, discriminación. No se conoce el número total de indígenas muertos por los militares. Las estimaciones varían entre 29.000 y 150.000.