Finalmente, después de haber transcurrido casi 9 meses desde que Goldgroup presentara la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) del proyecto minero Caballo Blanco ante la SEMARNAT, la empresa decide retirarlo ante la contundencia de las opiniones vertidas por expertos científicos que evidenciaron de forma irrebatible que ese documento faltaba a la verdad pues la empresa daba cuenta sólo de las actividades a realizar en una primera fase, más no del impacto del proyecto en su conjunto (55mil hectáreas); omitió la afectación de fenómenos naturales de la zona, únicos a  nivel mundial: el paso de 5 millones de aves rapaces migratorias al año en un corredor de menos de 20 km de ancho,  comunidades de cícadas de 2500 años de edad, y los últimos reductos de bosques de encino tropical que alberga fauna silvestre en peligro de extinción.

Pese a todos los argumentos científicos vertidos sobre dicha MIA, la SEMARNAT no fue capaz de resolver de forma definitiva la inviabilidad de este proyecto y negarle la autorización por la clara contravención a las leyes ambientales, el ecocidio y atentado contra especies en peligro de extinción en la zona y más aún, por la falsedad de la información proporcionada por la empresa sobre los impactos ambientales reales que provocaría ya en la etapa de explotación. Así que resulta lamentable que tanto la SEMARNAT y la PROFEPA lejos de atender a los argumentos científicos, a la exigencia social y a la aplicación de la ley, se hayan conducido privilegiando los intereses de la empresa, que hayan agotado los plazos legales máximos de este proceso y al final hayan tenido una actuación nula pues fueron incapaces de emitir un resolutivo negativo que merecía el proyecto minero Caballo Blanco. La PROFEPA, en particular, no ha atendido hasta ahora la denuncia popular sobre las afectaciones que está ocasionando la empresa con la construcción de socavones pese a que se documentó la plena flagrancia de violación de las normas ambientales así como la obligación legal de que la empresa presentara una MIA para la totalidad de las actividades de exploración y no sólo para la actividad particular de apertura de socavones, lo que muestra que la empresa sigue actuando en la ilegalidad en complicidad de las autoridades federales.

Desde aquí reconocemos el esfuerzo de la sociedad civil y de la comunidad científica que han estado acompañando este proceso para no permitir que la minería tóxica se instale en nuestro estado, a las amas de casa, estudiantes, trabajadores, profesionistas, organizaciones civiles, a todos quienes firmaron el Pacto por un Veracruz Libre de Minería Tóxica. Asimismo, al Gobierno y Congreso del Estado quienes estuvieron a la altura de la exigencia de la sociedad civil veracruzana. Sin embargo, llamamos su atención para seguir alertas ante la declaración pública de la empresa Goldgroup sobre que presentará nuevamente este proyecto minero una vez que haya un cambio en el escenario político del país y el Sr. Enrique Peña Nieto asuma la titularidad del Ejecutivo Nacional. A éste, le hacemos un llamado desde ahora, para que respete la soberanía estatal, que atienda la legítima exigencia social y que haga caso omiso de intereses privados que pretenden imponerse con su poderío.

Efectivamente, la Cámara Minera de México ha enfocado sus esfuerzos y recursos para cabildear en su momento con quienes fueron candidatos, ahora funcionarios y representantes populares electos, para venderles la falsa idea de que la minería puede ser sustentable sin embargo, como ha quedado demostrado a lo largo de América Latina, la minería tóxica no es, ni será nunca sustentable más bien es ecocida y letal para la población: el proyecto minero Caballo Blanco no puede considerarse como un proyecto sustentable, pues para  extraer una cantidad de oro menor a 1 metro cúbico  y otro tanto de plata, destruiría los recursos naturales de los mexicanos en un lapso de  7 años, se utilizarían 35 mil toneladas de explosivos, 7 mil toneladas de cianuro, 10,220 millones de litros de agua, 144 millones de litros de diesel y removerían 120 millones de toneladas  de material pétreo y suelo. En siete años los mineros canadienses destrozarían todo el patrimonio natural construido en millones de años, afectarían la salud y el tejido social de las comunidades cercanas al proyecto; y sentarían precedente de esta actividad extractiva en territorio veracruzano.

Y más aún tratándose del proyecto minero Caballo Blanco, éste tiene además la particularidad de contravenir los acuerdos internacionales suscritos por nuestro país en temas de seguridad nuclear pues el proyecto se ubica a menos de 3 km de la nucleoeléctrica Laguna verde, a 2 km de los gasoductos de PEMEX que alimentan la industria del norte del país y  a 500 m de las líneas de alta tensión de CFE. NINGÚN PAIS EN EL MUNDO HA APROBADO un proyecto de esta envergadura, junto a una nucleoeléctrica y en una zona afectada regularmente por huracanes de intensidad creciente por el cambio climático.

Por todo lo expuesto y con base en los propios argumentos científicos vertidos en el análisis de la MIA del proyecto Caballo Blanco, los cuales redimensionan el valor ecológico, histórico, arqueológico, turístico y cultural de la región, es que ahora debe declararse ésta como una Área Natural Protegida; además, en virtud de situarse a menos de 3 kms de la central nuclear, la zona debe quedar protegida con la declaratoria de una veda minera en el radio de seguridad en torno a la central nuclear.