Francia: fin de la tregua de los desalojos
L’Humanité, 17 de marzo de 2008
Fue, el viernes, su primera acción de alcalde: sacar un decreto municipal que estipula que “la ciudad de Bobigny es declarada zona de protección de inquilinos en dificultad económica”. Elegida el domingo pasado, en la primera vuelta, con un porcentaje cómodo de 54.77 % de los votos, la alcaldesa comunista Catherine Peyge había reemplazado a Bernard Birsinger, quien falleció brutalmente el 25 de agosto de 2006, durante un debate sobre el derecho a la vivienda en Bunus (Pirineos orientales).
Bien decidida a continuar la obra de su predecesor a favor de la vivienda para los más desasistidos, ella ha así reincidido este año, al llegar a su fin este sábado la tregua invernal de losdesalojos. “Se trata para nosotros de subrayar, como cada año desde hace cuatro años. Incluso si los decretos municipales son regularmente perseguidos y declarados fuera de la ley, no es grave, relata Catherine Peyge: tenemos la costumbre en esta ciudad de decir que por las causas que nos parecen importantes, no estamos fuera de la ley, sino antes que la ley. Es capital que seamos un territorio anti-desalojos, ya que la situación se ha vuelto dramática”.
Resultado: el año pasado, Bobigny no habría tenido sino una “decena de desalojos”. “En general, tratamos de oponernos físicamente a los desalojoslos, indica la alcaldesa. Pero, a veces, las personas prefieren no hablar de sus dificultades y no podemos intervenir a tiempo. A veces también, los despliegues policiales son tan importantes que no podemos hacer nada…”
Como Bobigny, otras comunas dirigidas por alcaldes comunistas han sacado el mismo tipo de decretos municpales. Así, en Vénissieux, André Gerin continúa sin descanso la pelea administrativa. Aunque sus tres decretos que prohíben el remate de inmuebles, los cortes de agua, electricidad y gas, así como desalojoslos fueron suspendidos el 14 de febrero pasado, al día siguiente, él volvió a publicar los mismos textos. Lo que le ha valido la convocatoria a un tribunal administrativo de Lyon. El alcalde de Vénissieux, sin embargo, no carece de argumentos. Él apoya así su gestión en el primer informe anual del Comité de seguimiento de la puesta en marcha del derecho a la vivienda oponible, aparecido el 1º de octubre, que insiste sobre la necesidad de prevenir los desalojoslos. “Hay alrededor de 100.000 juicios de desalojos cada año, dice ese texto. Ahora bien, la aplicación de la Ley sobre el Derecho a la Vivienda Oponible (DALO, por sus siglas en francés) debe conducir a realojar prioritariamente las familias de buena fe amenazadas de desalojo y sin realojamiento. Debido al número de familias afectadas, y también por el traumatismo humano que representa el desalojo, es conveniente, antes que nada, unirse para evitarla”.
Para 10.719 familias, el año pasado eso no fue posible y las fuerzas del orden han, efectivamente, intervenido para proceder con los desalojoslos. Cifra que “se ha doblado desde 1998, señala la Fundación Abbé Pierre, así como el número de acuerdos de los prefectos para que intervenga la fuerza pública (25.144 en el 2006 –NDLR)”. Igualmente, esos permisos no eran dados en 1998 sino en el 40% de los casos, esa tasa ha montado hoy a un 65%, lo que la Fundación analiza como una “derivación represiva del Estado”. En consecuencia, la asociación renueva su demanda de “suspensión de los desalojoslos en 2008, debido a la agravación de la situación”. Petición transmitida a por la calle en Estrasburgo, Amiens, Lille y París el 15 de marzo. De la Plaza de la República a la Isla de la Cité, varios miles de personas desfilaron así ante el llamado de una treintena de asociaciones, incluidas la DAL y Jeudi noir. Su consigna: “un techo, es un derecho, no a los desalojoslos”.
Alexandre Fache