Declaración del Encuentro Internacional por Ciudades Igualitarias

Nos apoyamos en contribuciones esenciales como la Declaración municipalista por el Derecho a la Vivienda y el Derecho a la Ciudad y en todos los instrumentos internacionales que promueven la garantía del derecho a la vivienda y al hábitat digno como derechos humanos fundamentales. Entendemos el Derecho a la Ciudad como el derecho de todos los habitantes, presentes y futuros, permanentes y temporales, a habitar, utilizar, ocupar, producir, transformar, gobernar y disfrutar ciudades, pueblos y asentamientos urbanos justos, igualitarios, seguros, sostenibles y democráticos, definidos como bienes comunes para una vida digna, que debe compartirse y pertenecer a todos los miembros de la comunidad.

La defensa del Derecho a la Ciudad reafirma, actualiza y defiende los derechos humanos y las correspondientes obligaciones estatales: el acuerdo de “no dejar a nadie atrás”, de la Agenda 2030, y el “no dejar ningún lugar atrás”, de Declaración del 9º Foro Urbano Mundial. Las ciudades pueden ser un lugar para todas y todos.

Somos los hacedores de las ciudades

Somos los trabajadores que construyen y dan vida a las ciudades, precarizados y que padecen viajes eternos de casa al trabajo en condiciones indignas. Somos las personas desempleadas que tratamos de cubrir las necesidades básicas de nuestras familias recurriendo a mercados de vivienda, comercio y trabajos informales. Somos las sin techo y los desalojados por un mercado inmobiliario que extrae plusvalía de los territorios expulsando y criminalizando quienes no pueden pagar. Somos las pobres que sólo encontramos para asentarnos los lugares más degradados ambientalmente, sin seguridad de la tenencia, vulnerables frente a los desastres, sin respuesta a nuestros derechos habitacionales. Somos las migrantes y refugiados de diversas culturas, expulsadas de otros lugares, perseguidos y reprimidos por los gobiernos. Somos las personas con discapacidad o de la tercera edad que quedamos atrapadas en las trampas urbanas que impiden un aprovechamiento de los espacios que otrxs disfrutan. Somos las mujeres que padecemos la infravaloración de las tareas de cuidado, la falta de infraestructura y movilidad urbana adecuada, así como de políticas que enfrenten las causas de las múltiples violencias a las cuales estamos sometidas. Somos las divergencias sexuales perseguidas, criminalizadas o estigmatizadas, que no accedemos a oportunidades reales de la vida urbana. Somos las niñas que viven una ciudad de espacios cerrados y en ambientes siempre menos saludables. Somos los jóvenes criminalizados por nuestra forma de vivir la ciudad. Somos las artistas callejeras que no recibimos el apoyo necesario y a quienes se nos restringe el aprovechamiento del espacio público para divulgar nuestro trabajo que enriquece la cultura urbana. Somos todas y todos quienes de alguna manera sufrimos los procesos de exclusión, violencia e injusticia en las ciudades.

Aquí estamos,  juntos, existimos y resistimos, somos diversas, con un mundo de necesidades en común. Queremos ser parte de la discusión sobre la Agenda de las Ciudades, aportar desde nuestras prácticas de lo cotidiano y desde nuestras resistencias al modelo de ciudad neoliberal. 

Queremos poder decidir sobre las cuestiones más importantes de la vida urbana. 

Las ciudades en disputa 

Las ciudades son, ante todo, el lugar en donde millones de personas habitamos, buscando vivir en condiciones de dignidad e igualdad. Sin embargo, predominan los gobiernos locales que las gestionan como oportunidades de inversión y negocios especulativos, meros motores de un desarrollo económico ilimitado. El modelo de gestión elitista, así como el modelo mercantilista, piensan lo urbano desde los expertos y en función de los grandes desarrolladores urbanos -privatizadores de los bienes comunes y explotadores del campo- olvidando a las y los hacedores de nuestras ciudades reales y despreciando la producción social del hábitat.

Este modelo mide el éxito de las ciudades en función de indicadores como la construcción de metros cuadrados y el aumento de la valuación de los inmuebles, ponderando lo cuantitativo por sobre los cualitativo. Mientras que la Nueva Agenda Urbana establece que el desarrollo urbano es ilimitado y está impulsado por las ciudades, estos indicadores ponen en evidencia la insostenibilidad del modelo neoliberal. 

Cada vez más se profundiza la concentración de territorio. La entrega de bienes comunes para la especulación inmobiliaria no descansa. La (poca) naturaleza y los espacios públicos existentes son completamente sacrificables, se consideran un “vacío” que debe llenarse con negocios, naturalizando el avance de la privatización de lo público. Los barrios pierden sus identidades y sus habitantes no tienen decisión en las políticas de planeamiento urbanas. La vivienda se ha mercantilizado hasta el paroxismo, convirtiendo a los inmuebles en commodities , meras mercancías para la especulación, convirtiendo a los ciudadanos en clientes. Se impermeabilizan los suelos, se construye y urbaniza irracionalmente y se avanza sobre las superficies absorbentes en áreas urbanas y suburbanas que no son planificadas para el interés general sino desde los negocios inmobiliarios, con garantías de los Estados que a menudo violan las leyes. Estos procesos especulativos son la manifestación urbana de la acumulación por desposesión. La contracara de este fenómeno es la emergencia habitacional, especialmente los desalojos, que afecta a los sectores más vulnerados.

Frente a este contexto, el modelo de gestión democrática del territorio es el único compatible con este enfoque para garantizar los derechos de la diversidad de identidades que habitan la ciudad. Creemos que este debe ser el marco de las políticas públicas para contribuir y afianzar los Estados democráticos de derecho, que son los que asumen compromisos con los derechos del conjunto diverso del colectivo social, aplicando a la vez, instrumentos y acciones afirmativas en favor de los sectores cuyos derechos son vulnerados.

Tenemos como gran desafío: hacer de las ciudades un bien común, desde las resistencias y la creatividad, para implementar, en alianzas, nuevas formas de garantizar los derechos humanos y la democracia participativa, respetando su diversidad, asegurando y contribuyendo a la redistribución económica, el reconocimiento cultural y la capacidad de acción política de parte de todas y todos.

Ciudades Igualitarias

Acción por el Ambiente  

Las causas de la emergencia socio-ambiental que golpean al planeta son de un carácter complejo y pluridimensional. Además del carácter global, el Cambio Climático, que profundiza y multiplica los fenómenos climáticos extremos, existen causas locales vinculadas a la expansión de un modelo de (mal) desarrollo, incompatible con los ciclos de la Naturaleza. Los incendios, inundaciones, sequías, huracanes y demás eventos extremos son parte de un fenómeno extendido en el planeta, que las políticas de gobierno potencian a través de medidas en favor del agronegocio, la megaminería, la fractura hidráulica (fracking), la expansión de la frontera petrolera, las grandes represas hidroeléctricas y los megaemprendimientos inmobiliarios, entre otros.

Por ello no podemos permitir que el Cambio Climático sea usado como una excusa. Dicho carácter global no diluye ni tampoco atenúa la responsabilidad de los gobernantes y políticos, sino todo lo contrario, la acentúa y la pone en valor, a la hora de tomar decisiones acerca de las políticas públicas territoriales o de gestar programas de control y prevención ante los impactos que éstas políticas han generado. La potencia del modelo de despojo nos fuerza a establecer puentes entre los afectados del campo y de la ciudad, entre quienes resisten la minería en lugares apartados, quienes ponen el cuerpo al glifosato y el agronegocio, y quienes vivimos en ciudades cada vez más caras, contaminadas, enrejadas y represivas.  Es una misma lucha, pero los vínculos entre las poblaciones del campo y la ciudad no vienen dados, debemos construirlos.

(1) Para la mayoría de las ciudades del Sur global, los procesos de adaptación al cambio climático adquieren una relevancia fundamental porque de ello depende la supervivencia de millones de personas. Si bien las ciudades son consideradas grandes centros de producción de riqueza e innovación, nos preocupa que se menosprecie la relación entre la ciudad y el territorio, especialmente con el entorno rural y las fuentes de la riqueza natural más alejadas. Mientras que las ciudades producen el 80% del PBI, son los poderes económicos concentrados los que a través de los servicios administrativos, legales y financieros se lo apropian, degradando a la Naturaleza, aplastando a la agricultura familiar y economías regionales, desplazando a campesinos e indígenas, explotando de manera indebida e irresponsable a la Madre Tierra, a través de la expansión sin límites del sector urbano, el fracking, la megaminería, el desmonte y el monocultivo. Una riqueza que empobrece el ambiente y compromete nuestra supervivencia futura.

(2) En el marco de los grandes consensos globales sobre las necesidades de acción contra el cambio climático, las ciudades son objeto de inversiones en grandes obras de infraestructura que profundizan el endeudamiento, no resuelven los desafíos ambientales más urgentes y a menudo son causa de desalojos masivos innecesarios. Frente a un modelo de gobernanza global, reafirmamos la mirada desde la justicia ambiental para un desarrollo verdaderamente sustentable de nuestros territorios.

(3) Apoyamos la promoción del transporte urbano sostenible y la necesidad de eliminar los subsidios a los combustibles fósiles. Sin embargo, estas inciativas deben acompañarse de medidas fiscales para desestimular la compra y uso de automóviles privados, en el marco de una planificación de la movilidad sustentable, basada en el transporte público masivo y en modos no motorizados. 

(4) No solo las ciudades sino los pobladores urbanos y rurales deben ser protagonistas en la planificación del desarrollo, promoviendo la sostenibilidad, con vínculos urbano-rurales que beneficien a las personas empobrecidas tanto en zonas rurales como urbanas, aseguren la soberanía alimentaria y protejan la biodiversidad, los hábitats naturales y los ecosistemas de su entorno. La planificación y las políticas deben implementarse desde un modelo de gestión democrática, que involucre a las comunidades en los procesos de diseño, implementación y evaluación.

(5) La generación de información y su monitoreo están en la base de los procesos de decisión. La investigación debe convocar a la sociedad civil y a la comunidad académica para garantizar el desarrollo adecuado de las políticas públicas. 

(6) Los riesgos frente al cambio climático se dan en la conjunción de amenazas, para cuya reducción se requieren esfuerzos concertados a nivel global, y de vulnerabilidad social frente a esas amenazas. Las ciudades que aspiren a mejorar su resiliencia urbana deben, ante todo, promover un ordenamiento territorial que contribuya a reducir esas vulnerabilidades, que afectan principalmente a los sectores más pobres que habitan los lugares más precarios.

El empleo digno del futuro

Somos conscientes de los avances tecnológicos que ha provocado el desarrollo de nuevos negocios de la denominada economía colaborativa.  Somos conscientes, también, del rol de las plataformas digitales en la generación de ingresos en contextos de alto desempleo y falta de oportunidades de trabajo genuino. Sin embargo, nos preocupan las privatizaciones de los servicios públicos y los nuevos modelos de economía de plataformas que precarizan el empleo, incumplen las normas de seguridad social y esquivan el pago de impuestos, horadando las bases del Estado social.

(1) La discusión sobre el futuro del trabajo no debe darse solamente sobre escenarios preestablecidos de acuerdo a los pronósticos de la digitalización y la automatización, sino que debe incorporar una discusión amplia sobre el modelo productivo y el rol de la educación y la formación profesional en escenarios diversos.

(2) Para que los beneficios de la economía digital sean distribuidos democráticamente, es fundamental un trabajo sostenido de reducción de la brecha digital así como el compromiso por alcanzar progresivamente la soberanía tecnológica. 

(3) Apoyamos las luchas de los y las trabajadoras y sindicatos, y el fortalecimiento de la economía popular. Los compromisos de las autoridades locales sobre el futuro del trabajo deben ponerlos en el centro para garantizar empleos de calidad y trabajo digno en los servicios públicos, así como en el sector privados.   

(4) Promovemos los procesos de autogestión y la inclusión de cooperativas y pymes en las contrataciones de obra pública, como formas promover el empleo digno. 

(5) El desarrollo de los modelos de negocio ligados a las plataformas digitales no puede escindirse de la planificación de las ciudades y de su inserción en el marco de gestiones democráticas. Rescatamos las experiencias de gobiernos como el de Barcelona que, junto a Paris, Nueva York, Londres y Madrid realizan acuerdos para imponer estándares mínimos de respeto a derechos sociales y contribuciones impositivas, regulando a grandes empresas de plataforma para limitar la operación en sus territorios. 

(6) La economía digital, en un marco de profundización de los procesos de financiarización y mercantilización de la vida, se convierte en un nuevo mecanismo de precarización laboral principalmente para aquellas personas que en este contexto padecen los efectos del aumento del desempleo. El futuro del trabajo requiere de potenciar las economías reales, haciendo de lo digital un medio y no un fin en sí mismo. Se deben implementar políticas que aseguren la seguridad social e integridad de derechos de los y las trabajadoras de todos los tipos y sectores de las “viejas y nuevas” economías. 

(7) Coincidimos en la importancia de promover ciudades más compactas y mejor conectadas para maximizar el acceso al empleo y las relaciones negocio a negocio, que deben garantizar que los trabajadores tengan circuitos accesibles, en distancia y gastos, entre los lugares de trabajo, la vivienda y el equipamiento urbano necesario para el desarrollo de la vida. Lo cual no debe significar una planificación urbana pensada exclusivamente en la producción económica, sino que debe ser complementaria a un modelo de ciudad diseñado para la reproducción de la vida en todos sus ámbitos. 

(8) Creemos fundamental desarrollar economías diversas e inclusivas, que salvaguarden y aseguren el acceso a medios de vida seguros y trabajo decente para todas y todos los habitantes, promoviendo progresivamente condiciones de trabajo digno para los trabajadores de la economía popular y todos aquellos empleados en trabajos informales. 

Políticas para la integración social y la igualdad

La igualdad en todas sus formas (social, política, económica, de género, etc) es un concepto que ha venido perdiendo lugar en las agendas y desapareciendo de los objetivos de las políticas públicas. En su reemplazo aparece la inclusión como meta predominante, dando paso a una nueva visión de políticas urbanas. El foco, desde nuestra visión, debe seguir siendo el de la superación de las desigualdades como meta prioritaria de acción pública. No se debe profundizar la visión “emprendedurista” del Estado que se presenta ante la ciudadanía como un facilitador de la carrera individual que libra cada ciudadano para incluirse en una ciudad naturalizada como desigual, sino de gobiernos que conduzcan políticas integrales y procesos colectivos que igualen social, política y económicamente al conjunto de la ciudadanía, que desmercantilicen los derechos y que produzcan espacios y servicios públicos de calidad que mejoren las interacciones sociales y la participación política, promuevan las expresiones socioculturales, abracen la diversidad y fomenten la cohesión social.

Dentro de los sectores en situación de vulnerabilidad, las mujeres son la población que se encuentra en peores condiciones de pobreza e además de ser quienes sufren de peor manera los obstáculos urbanos en tanto cargan el peso de los roles de cuidado que les han sido históricamente asignados.. Además de persistir la responsabilidad del trabajo doméstico en la mayoría de las mujeres, son tareas devaluadas, no reconocidas pero que representan una enorme contribución al desarrollo. Dada la persistencia de la división sexual del trabajo y la doble o triple responsabilidad que asumen, precisan de la atención de los gobiernos y de la planificación urbana sensible al género: de servicios y equipamientos de proximidad, de movilidad y transportes seguros y accesibles que les permitan el transitar en los territorios de injusticias e inhóspitos.

(1) Apoyamos toda política encaminada a la generación de urbes igualitarias, con acceso universal a la educación y la salud; promoviendo procesos de fortalecimiento, mejoramiento de la calidad y ampliación de la cobertura de las instituciones públicas de educación en todos sus niveles y de salud en todas sus especialidades. Los Estados subnacionales deben propender por el crecimiento de sus estructuras en estos ámbitos, aumentar paulatinamente sus presupuestos en estos sectores y atender principalmente las zonas más vulneradas para generar procesos de igualdad urbana.

(2) Las infraestructuras que se planifiquen no deben estar pensadas para cumplir con estándares de modernización o modelos de ciudades reguladas y/o condicionadas por organismos financieros internacionales, bajo el supuesto de la atracción de nuevas fuentes de financiamiento subnacional. El uso del financiamiento público existente debe planificarse participativamente y conforme a las necesidades reales de sus pobladores. La superación de la pobreza urbana, el déficit habitacional, y el acceso universal a servicios públicos básicos, deben ser los principales horizontes de definición de políticas y estrategias. 

(3) Es urgente incluir en la planificación urbana la perspectiva del feminismo y, en particular, de las necesidades concretas que se desprenden de los roles de cuidado. Ciudades que se modelan alrededor de los circuitos reales de movilidad de las personas (y no solo de aquellos vinculados con el trabajo) tiene un efecto positivo en la superación de las discriminaciones y las barreras urbanas existentes. La igualdad de género y el respecto por las diversidades sexuales deben ser ejes transversales de todas las políticas y no solamente fines que se proyectan en programas públicos específicos.  Se debe garantizar la igualdad de género, adoptando todas las medidas necesarias para asegurar la igualdad de derechos y oportunidades para mujeres y hombres, así como el respeto a la diversidad sexual y el combate a la discriminación y violencia en todas sus formas.

(4) La justicia espacial es un concepto fundamental para pensar la planificación urbana. Que la población en condiciones de pobreza sea la que se encuentra asentada en las zonas más inseguras, de mayor contaminación y en donde se sufren con mayor gravedad las consecuencias del cambio climático, no es casual. Se deben diseñar e implementar estrategias de producción y otorgamiento de suelo y vivienda pública en territorios seguros, centrales y alejados de las zonas contaminadas de las ciudades, para el acceso al derecho a la vivienda y a la ciudad de las poblaciones en situación de vulnerabilidad.   

(5) Mientras existan zonas de la ciudad inalcanzables económicamente y zonas totalmente precarizadas y sin acceso a servicios urbanos básicos (servicios públicos domiciliarios, hospitales, transporte público, escuelas de calidad) es imposible alcanzar el objetivo de la integración urbana. Es fundamental la regulación del precio del suelo y los alquileres, apartándose totalmente de la lógica de los estratos económicos que aún domina la definición del costo de vida de cada barrio. Políticas que garanticen el acceso a la vivienda a toda la población, son sustanciales como motor de una verdadera integración e igualdad en las ciudades. No es real ningún tipo de desarrollo mientras haya familias enteras viviendo en las calles. Se requiere un enfoque integral y de derechos humanos, en los que se prevengan los desalojos, se gestione la tierra y la vivienda con fines eminentemente sociales y los inmuebles ociosos desaparezcan paulatinamente.  Se debe priorizar la inversión para el desarrollo de políticas de vivienda pública y la ampliación de programas de apoyo a las cooperativas, el mutualismo y la autogestión; así mismo se deben generar procesos de regulación de los alquileres y en general del mercado inmobiliario, aumento de impuestos sobre la vivienda ociosa y políticas de recupero de plusvalías urbanas.

(6) Los gobiernos locales deben crear estructuras e instrumentos idóneos para la erradicación de la violencia, especialmente la violencia contra las mujeres. Para ello es prioritario el acceso a una justicia que sepa atender las denuncias por violencia sin estigmatizaciones revictimizantes. Así mismo, se deben promover programas públicos de control de contenidos mediáticos que reproduzcan las violencias y discriminaciones históricas y fomentar el desarrollo de observatorios especializados que permitan hacer seguimiento y generar nuevos conocimientos respecto de las violencias urbanas. Los Estados locales debe ser los primeros que eliminen de su interior la violencia como mecanismo de relacionamiento con la ciudadanía; y para ello es fundamental implementar estrategias que conlleven a eliminar el accionar policial represivo y a reducir la militarización de los barrios.  

(7) Apoyamos el fomento de la participación ciudadana, como condición indispensable para la realización del Derecho a la Ciudad. Se requieren presupuestos y planificación participativos, audiencias públicas vinculantes para la definición de grandes decisiones sobre infraestructura y gestión de los servicios urbanos, instrumentos eficientes de  auditoría ciudadana sobre los recursos y la deuda pública de la ciudad; stock de tierra y bienes públicos que sean de total conocimiento de la ciudadanía y fortalecimiento de la descentralización administrativa de los gobiernos locales, son varias de las medidas orientadas a garantizar la participación de la población y por tanto la democratización de nuestras ciudades. Y en el marco de los próximos Urban 20 que se realizarán, hacemos un llamado a que los gobiernos locales apoyen la participación de las organizaciones sociales tanto en las instancias previas de deliberación, como en la participación efectiva durante el evento.