Perú: incumplimientos cuatro años después de la visita del Relator Especial de NU sobre Vivienda
La misión del Relator Especial sobre vivienda adecuada de Naciones Unidas a Perú: una oportunidad para articular las diversas luchas locales con una estrategia internacional en favor del derecho a la vivienda.
Para promover y organizar la visita del Relator Especial de vivienda adecuada a Perú, posiblemente en colaboracion con el Comité de Naciones Unidas sobre desalojos (UN-AGFE), diversas instituciones y organizaciones sociales organizaron un Grupo Impulsor conformado por la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, el Comité de Campaña por el Derecho a la Vivienda Digna (integrado por el Instituto de Desarrollo Urbano CENCA, Estrategia, el Grupo de Iniciativas Urbanas GIU, Ciudad y SEA, Federación de organizaciones vecinales de Lima y Callao-FOVELIC) ; el Centro de Investigación, Documentación y Asesoría (CIDAP), la Plataforma Peruana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo; la Asociación Pro Derechos Humanos APRODEH el Centro de la Mujer Peruana Flora Tristán, la Coordinadora Vecinal para la Renovación Urbana y Defensa de Inquilinos y Ocupantes, la UPIS Huáscar, la Organización de Afectados por el Anillo Vial de San Juan de Lurigancho, la Unión Vecinal de Desarrollo y Renovación Urbana UVE DIDRU, el Frente de Integración de los pueblos del Zapallal (FRIDPEZ) y la Asociación de Consumidores y Usuarios (ACYU).
Tres años después de la visita del Relator Especial, la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos encargó al Comité de Campaña por el Derecho a una Vivienda Digna la elaboración de un balance sobre lo avanzado por el Estado peruano en el cumplimiento de las recomendaciones efectuadas por el Relator. Este encargo se realizó en merito a que el Comité de campaña durante todo este periodo ha realizado el seguimiento a la política de vivienda formulando propuestas alternativas a favor del mejoramiento de las condiciones de habitabilidad de los sectores sociales de menores ingresos bajo un enfoque de derechos,
Para el desarrollo del informe el Comité de campaña elaboró un plan de trabajo que incluía la elaboración de cuestionario de preguntas a las diversas autoridades públicas involucradas en el cumplimiento de las recomendaciones del Relator, la realización de entrevistas a funcionarios públicos y especialistas de la sociedad civil y la revisión de documentación oficial disponible para su acceso.
Estas diversas tareas se distribuyeron entre los miembros del Comité de acuerdo a sus especialidades ya sean los aspectos de normativos y el derecho a la vivienda, los referidos al inquilinato y problemática de los centros históricos, la titulación de los barrios marginales y las amenazas de desalojo, los temas de la participación vecinal en la formulación de las políticas, el apoyo a las iniciativas poblaciones y actores locales, los aspectos económicos y los programas financieros del gobierno, el enfoque de genero, el impacto de las políticas mineras sobre ciudades y centros poblados, las políticas de prevención y reconstrucción de poblaciones afectadas por desastres naturales, la privatización de los servicios etc.
Debido al enfoque de mercado el déficit ha crecido a los 2,2 millones de viviendas.
El análisis de los avances en el cumplimiento de las recomendaciones encontró que luego de cuatro años de efectuada la misión se habían realizado pocos avances sustantivos en la realización del derecho a una vivienda adecuada en Perú. Tanto en el gobierno anterior (Toledo) como en el actual (APRA) ha prevalecido un enfoque de mercado que ha impedido una atención adecuada a los sectores sociales de menores ingresos. Baste decir que hasta noviembre del 2006 solamente se había promovido 78 proyectos del programa Techo Propio abarcando a 35 mil familias, cuando el déficit habitacional al año 2000 era de mas de un millón doscientos mil viviendas y cada año se incorporan alrededor de 90mil nuevos hogares al mercado. No es de extrañar entonces que el déficit haya crecido estimándose que al año 2005 supere el millón y medio y al 2007 bordee los 2millones doscientos mil unidades de vivienda.
El análisis no solo se centro en el registro de cifras sino que se efectuó atendiendo diversos casos emblemáticos. Así tenemos que se revisaron los casos de organizaciones sociales que luchaban por su titulación y seguridad de la tenencia y en contra de desalojos forzados como la UPIS Huascar, y la FOVELIC, la atención a poblaciones afectadas por derrumbes de sus viviendas como la asociación de desarrollo del asentamiento humano 7 de octubre, las organizaciones de la Oroya afectadas por la minería, de los centros urbanos de Lima.
Alternativas: redirección de los recursos públicos que se obtengan por canje de deuda y una ley marco de suelo, vivienda y territorio
De otro lado cabe mencionar que la formulación del informe se articulaba a otros esfuerzos del Comité por incidir en las políticas públicas, tales como el planteamiento de crear un fondo para la vivienda popular que asegure la redirección de los recursos públicos y los que se obtengan por operaciones de canje de deuda por programas sociales, hacia las poblaciones que realmente lo necesitan y cuyas condiciones de habitabilidad son muy precarias y su seguridad y salud se encuentren amenazadas. O planteamientos como la promulgación de una ley marco de suelo, vivienda y territorio que proporcione el marco legal necesario para garantizar el derecho a una vivienda digna, segura y saludable a todos los peruanos y un ordenamiento del territorio en base a criterios de desarrollo inclusivo y respetuoso de formas organizativas comunitarias y su derecho a decidir sobre el uso del suelo que ocupan.
Este proceso de elaboración del informe articulado a los procesos sociales debió reajustarse cuando en agosto del 2007 un sismo azotó a poblaciones en el sur del país causando la muerte de más de quinientas personas y destruyendo casi 40 mil viviendas. Se amplio el periodo del informe hasta diciembre del 2007 constatándose que hasta esa fecha el proceso de reconstrucción era extremadamente lento; y se incorporaron las luchas de pueblos afectados por la minería y de los aportantes al Fondo Nacional de Vivienda FONAVI cuya desactivación y traslado de fondos al gobierno los afectó en su derecho a contar con instrumentos financieros que le permitan mejorar sus condiciones de habitabilidad.
Alianzas sociales proponen agenda de trabajo comun para el derecho a la vivienda
También durante el proceso de elaboración el informe sirvió ya para fundamentar preguntas a los representantes del gobierno peruano en sus compromisos internacionales. Y ahora una vez concluido debe servir para propiciar un espacio de diálogo entre el estado peruano y organizaciones sociales e instituciones de la sociedad civil para revisar los diversos temas referidos al derecho a una vivienda adecuada que el relator plantea en su informe. Para ello debe reforzarse la articulación de la lucha a nivel nacional con acciones a nivel internacional que llevan a cabo organismos de naciones unidas y redes de habitantes.
La presentación del informe consolida la alianza entre organizaciones de defensa de derechos humanos con organismos que trabajan por el derecho a la vivienda en nuestro país, pero abre la posibilidad de ampliar esta plataforma a otras instituciones amigas y otras organizaciones sociales que desarrollan sus luchas de manera aislada. Así mismo el informe por la variedad de temas que toca constituye una agenda amplia de trabajo donde pueden confluir una serie de organizaciones sociales y movimientos ciudadanos que luchan por la seguridad de la tenencia y en contra de los desalojos, con los que plantean un nuevo modelo de gestión para los programas de vivienda, y los que defienden las condiciones ambientales de sus poblaciones afectadas por la minería, los que luchan por el derecho al agua y en contra de la privatización de los servicios básicos de saneamiento y los se ven afectados por fenómenos naturales (terremotos, derrumbes, inundaciones, friajes, etc.).